Ley edil 233 pone en riesgo de multas a 19.000 edificaciones

Un edificio de departamentos en el centro paceño, muchos de este tipo deben ser regularizados aún.
Foto: Cambio

 

La Paz / Cambio

El vicepresidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, Rodolfo Murillo, señaló que la Ley Municipal 233 de Fiscalización Territorial pone en riesgo de cobrar multas impagables a 19.000 construcciones en la ciudad.

“En la Alcaldía se inscribieron (en el Programa de Regularización) 36.000 viviendas, de las cuales se tienen 17.000; nos faltan 19.000 construcciones. ¿Qué va a pasar con ellas? Estas edificaciones van a ser sujetas a un proceso de fiscalización, pero no con la Ordenanza 076, sino con la Ley 233, lo que implica sanciones más drásticas”, dijo Murillo a Cambio.

El Programa de Regularización de Construcciones fue aprobado por la comuna el 27 de diciembre de 2011 y se extendió el plazo para la inscripción de viviendas fuera de norma hasta el 24 de junio de 2017, y se prevé que el cierre de éste sea el 31 de diciembre de este año.

De acuerdo con el profesional, la demora en la regularización de las edificaciones se debe a que se exigieron más documentos jurídicos de los señalados en los requisitos, como testimonios y catastros, además de la verificación de trazos, “estos trámites duraron hasta tres años”, precisó.

El responsable del Programa de Regulari­zación de Edificaciones Fuera de Norma, Carlos Balderrama, citado por la Agencia Municipal de Noticias (AMN), sostuvo que el costo de la regularización varía de acuerdo con la infracción y la ubicación del inmueble, y puso de ejemplo que en San Antonio se cobra el dos por ciento del valor catastral, mientras que en Calacoto es del 30 por ciento.

Asimismo, los valores catastrales de las propiedades en La Paz fueron incrementados con las leyes municipales 070 y 071, más conocidas como ‘impuestazo’.

En abril de 2016, el abogado Frank Campero denunció la existencia de cobros irregulares en el programa de regularización, y pidió la inclusión del alcalde Luis Revilla en la investigación sobre consorcio de jueces, fiscales y abogados por estos hechos.