Historia de una mentira

El Vicepresidente develó los vínculos de la familia Zapata con la oposición.

(Fernando del Carpio Z.).- El tráfico de influencias, mediante denuncias de corrupción con el fin de enlodar al Gobierno, fue el inicio de la campaña que lideró el prófugo presentador de televisión Carlos Valverde, desde la ciudad de Santa Cruz. 

Las acusaciones tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque irrumpieron a poco de realizarse el referéndum del 21 de febrero.

Detrás de toda la maraña de mentiras y articulando la campaña estaba la derecha en su afán de demostrar que la empresa china CAMC se benefició con favores del Gobierno.

El análisis de todo lo sucedido —desde que a inicios de febrero de 2016 Valverde lanzó su denuncia— lo hizo el vicepresidente Álvaro García Linera, y demostró que el Gobierno nacional rescindió el contrato con la CAMC, que debía construir el tramo del ferrocarril Bulo Bulo-Montero  en noviembre de 2015, es decir tres meses antes.

Además, dos meses antes de la denuncia de Valverde se exigió la ejecución de las boletas de garantía. “Estamos hablando de 23 millones de dólares de castigo, no de premio, no de apoyo, sino de castigo. El Estado recuperó sus recursos y le castigó a la empresa CAMC con 23 millones de dólares”, afirmó García Linera.

“¿Si hubiera habido tráfico de influencias se castiga a una empresa así, con 23 millones de dólares en favor del Estado boliviano?”, se preguntó el Vicepresidente. Además en diciembre de 2015, el Ministro de Obras Públicas inició una querella contra funcionarios de la empresa china.

A la CAMC además se le prohibió adjudicarse nuevas obras, de los 7.000 millones de dólares que forman parte del crédito chino a Bolivia.
investigación

Una de las ejecutivas de la empresa CAMC era Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, y esa situación bastó para que Carlos Valverde incida en el tráfico de influencias y en un supuesto favoritismo oficial en la adjudicación de obras en favor del consorcio chino. 

Gabriela Zapata no formaba parte de la estructura del Estado, pero Carlos Valverde y los medios que amplificaban su denuncia se encargaron de  decir que se utilizaron bienes del Estado para favorecerla. 

El Presidente pidió a la Contraloría y a la Asamblea Legislativa que investiguen. En todo caso, los ministerios de la Presidencia y Transparencia elaboraron un informe en el que se reconoció que Zapata utilizó vínculos con la Dirección de Gestión Social “para obtener beneficios privados”. 

A raíz de esta denuncia, tal  como lo hizo conocer el Vicepresidente, se informó al Ministerio de Gobierno que había riesgo de que Zapata pueda escaparse, por ello fue detenida. Sin embargo, políticos opositores, como Samuel Doria Medina, Norma Piérola y Arturo Murillo hablaban de show mediático y de que Zapata había sido detenida sin orden de aprehensión. La derecha, donde se incorporan como abogados defensores Tuto Quiroga, Janine Añez y Ernesto Suárez, considera el arresto como cortina de humo. 

Días antes, los políticos opositores consideraban a Gabriela Zapata culpable del tráfico de influencias, y después inocente, víctima.

Vínculos con la oposición
También el Vicepresidente develó que los hermanos directos de Gabriela Zapata (Gabriel y Paola) tenían vínculos directos con Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.

“Tienen toda la información verídica, atacan, mienten, engañan, vuelven a atacar, sacan verdades a medias porque ellos conocen toda la verdad y usan  lo que conocen para atacar a la señora Gabriela Zapata y para atacar al presidente Evo Morales”, expresó. 

A Valverde —concluyó García Linera— “le dieron todo cocinado”, además “saben si hay hijo, si no hay hijo”, puesto que hay un vínculo político directo y “se han dedicado a mantener toda esta tramoya de acusaciones en torno a la señora Gabriela Zapata”. 

Al caerse la novela del tráfico de influencias —advirtió el Vicepresidente en la conferencia de prensa que dio sobre el caso el 29 de febrero de 2016—, los opositores violentaron toda la legalidad “involucrando el tema del niño”, sin importarles la ley que protege a los menores de edad. 

“Como no pudieron convencer a la opinión pública con el tráfico de influencias porque se demostró que era falso, ahora vienen con el tema del niño, de la preocupación o no preocupación en torno al niño”, apuntó.

Una ‘gran estafa’ 
“No cabe duda que el caso Zapata es el caso de guerra sucia, de guerra política sucia más tenebroso, más asqueroso, más mentiroso y más inmoral que ha tenido la vida política boliviana desde que yo tengo memoria”, dijo el Vicepresidente en la presentación del libro La gran estafa del 21-F Caso Zapata, de Lenny Valdivia, exministra de Transparencia, en septiembre del año pasado. 

A partir de un átomo de verdad, una relación entre el presidente Evo y Gabriela Zapata, de hace más de 7, 8, 9 años atrás y que acabó, “se armó una tramoya de gigantescas mentiras”, donde hasta el supuesto hijo fue mentira, como incluso lo reconoció públicamente Carlos Valverde, el autor de la infamia.

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Contexto

  • La guerra sucia arrancó con la denuncia de contratos de la empresa china CAMC. 
  • A los cuales se añadió el denominado caso Zapata.
  • En medio de lo cual se tejió un supuesto vínculo de tráfico de influencias con el Presidente.
  • Detrás de todo esto estaba la oposición en su afán de enlodar y empañar la gestión del Jefe de Estado.