Juanpi conoció el infierno en su fuente de trabajo

Fotoproducción: Cambio
Asignar trabajos a la hora de salida, una forma de acoso (recreación).

Víctor Hugo Chambi Ocaña

Juan Pablo, un reconocido cineasta y trabajador municipal desde 2014, cansado de los abusos y el acoso laboral de sus superiores —en la actual gestión municipal— decidió emprender esta lucha contra la discriminación y el maltrato, del que  fue víctima directa.

Ser portador del virus del VIH no le impidió desarrollar su trabajo con la pasión propia de quien ama lo que hace y que, inclusive, fue reconocido por los artistas y cinéfilos que frecuentan los espacios escénicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pero esas cualidades no fueron valoradas por la nueva jefa que tuvo a partir de 2015, quien comenzó a hostigarlo, acosarlo y discriminarlo por su condición.

La víctima comenzó a ser objeto de malos tratos, poco a poco se hicieron más evidentes, que luego derivaron en lo que el cataloga como aislamiento social, es decir que su inmediata superior laboral amedrentaba a sus compañeros para que lo excluyan; el objetivo: que abandone su fuente de trabajo.

“Hice mi denuncia a Transparencia (del municipio), a las concejalas, al Defensor del Pueblo, en todo lado, porque no me callaría, realmente sentía que mi dignidad estaba siendo pisada y que no era lo correcto”, dijo bastante indignado Juanpi, como le dicen los amigos, después de recibir malos tratos en reiteradas oportunidades por Biafra Saavedra, exdirectora de Espacios Escénicos de la Alcaldía de La Paz.

En enero de 2016 inició uno de los procesos —el administrativo— por maltrato, acoso laboral y discriminación, ya que la exautoridad reveló públicamente su estado de salud. Este hecho lo llevó a renunciar a su cargo para lograr un freno a esta situación. Fue recontratado en marzo, en mérito a su trabajo.

El artículo nueve de la Ley 3729 para la Prevención del VIH-Sida, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-Sida señala que los ciudadanos con esta enfermedad tienen “el derecho a la reserva de su identidad y situación”, precepto que supuestamente habría sido vulnerado por Saavedra.

Un día, se le acercaron compañeros de trabajo y dieron cuenta que en una reunión, Saavedra reveló su estado de salud con palabras muy despectivas, que le causaron indignación por lo que llevó adelante esta lucha. 

Hasta el juicio penal 
Ante este hecho, Juan Pablo decidió realizar la denuncia penal por la infidencia respecto a su enfermedad, pero la exresponsable edil de teatros no cesó el hostigamiento, también comenzó a molestar a otros trabajadores para evitar que tomen contacto con el denunciante con el propósito de afectarlo hasta el aislamiento social.

Luego del primer informe de la Unidad de Transparencia del Municipio, Juanpi decide pedir una nueva investigación, donde además exige al Defensor del Pueblo realizar una investigación orientada a lograr una resolución que sancione las actitudes discriminatorias y de acoso laboral.

Son tres procesos que hasta la fecha están vigentes, uno penal, otro administrativo y el tercero defensorial.

Uno de los hechos que causó mayor indignación se refiere al juicio penal, donde Saavedra presentó como testigos a su favor a militantes y operarios políticos de Soberanía y Libertad (SOL.bo), entre ellos el asambleísta departamental Carlos Parra, más conocido como París Galán.

Este asambleísta fue sancionado por el Gobierno Municipal por el expendio de bebidas alcohólicas en la cafetería del cine 6 de Agosto, donde dejó la concesión de dicho espacio.

Aislamiento social
Pese a que Juanpi trataba de defender su dignidad y evitar mayor maltrato, el acoso persistía hasta al aislamiento social que soportó tras presentar las denuncias.

Era el único trabajador de la Unidad de Espacios Escénicos que no era convocado a los encuentros de confraternización. Además, por orden de Saavedra, los demás empleados tenían prohibido entablar  conversación con él.

Bajo la amenaza de ser despedidos o no ser recontratados, los trabajadores fueron coaccionados para elaborar documentos y tomar acciones en contra del denunciante. “Se constataron presuntos hechos de amenaza de despido o destitución como una de las maniobras más frecuentes utilizada por las personas que acosan laboralmente”, dice el informe de la Unidad de Transparencia.

Para el abogado Rino Vásquez Sánchez, asesor del Sindicato de Trabajadores Municipales, esa amenaza es la maniobra más utilizada por la jerarquía del Gobierno Municipal de La Paz para acosar laboralmente a los empleados que mayoritariamente son eventuales.

“Los trabajadores por temor a perder su trabajo se callan y se aguantan todos los abusos”, refirió el jurista, quien señaló que el caso de Juan Pablo es el único que llegó hasta la justicia ordinaria.

La falta de sensibilidad de Saavedra llegó al extremo,  por lo menos en tres oportunidades se le negó la posibilidad de ir a consultas médicas.

“En las ocasiones donde se suscitaron tales emergencias, la Servidora Pública Municipal (SPM) Biafra Saavedra le negó permisos al SPM Juan Pablo o le obstaculizó el mismo exigiéndole justificativos o bajas médicas”, dice el documento. En ese informe se precisa que en la última crisis se tiene documentación que certifica que Juan Pablo llegó al centro de salud con fiebre y taquicardia, por lo que le hicieron una transfusión de sangre de emergencia y tuvieron que internarlo.

No es el único caso
Una nota de prensa del 9 de junio de 2016, de una agencia de noticias, citando a la abogada de Juan Pablo, Paola Cortez,  informa que además de esa denuncia existen otras cuatro en contra de Saavedra, todas ellas por maltrato y acoso laboral.

También, Carlos Eduardo Palenque, ex funcionario municipal, realizó denuncias públicas sobre prácticas de  maltrato en la Comuna, por lo que decidió alejarse de SOL.bo.

Juan Pablo, con una mirada decidida, dijo que los procesos iniciados tienen la única finalidad de hacer prevalecer sus derechos.

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Trabajadoras terminan en el psiquiátrico por sufrir acoso laboral y maltrato 

El caso de maltrato, discriminación y acoso laboral de Juan Pablo no es el único que se registra en la Secretaría Municipal de Culturas, ya que se reportaron cuatro casos más, que inclusive terminaron en el hospital psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud.

El abogado Rino Vásquez Sánchez, representante legal del Sindicato de Trabajadores Municipales, informó que cuatro trabajadoras de la mencionada secretaría del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz “sufrieron hostigamiento, agresiones psicológicas y físicas, a tal grado que están en un nosocomio psiquiátrico a punto de perder el raciocinio”.

Para el jurista, los causantes para que las funcionarias se encuentren en ese estado de salud son la exresponsable de la Unidad de Teatros Municipales, Biafra Saavedra, el secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti, la responsable de Espacios Culturales, Jimena Rodríguez, y el propio alcalde Luis Revilla.

“Hay abusos, hay atropellos, no solamente a mujeres y a hombres trabajadores; es peor para los que están a contrato, a los administrativos”, agregó el jurista, que defiende legalmente a los laboristas.

Consultado al respecto, el secretario edil de Culturas, Andrés Zaratti, dijo que todo el trámite lo lleva la Unidad de Transparencia de la comuna y evitó dar mayores declaraciones sobre el tema.

Otra dificultad que observó Vásquez en el municipio es la conformación de un sindicato paralelo “para que no se pueda proceder a una defensa de los trabajadores”, agregó.

El abogado se reservó el nombre de las funcionarias, pero indicó que tienen las certificaciones médicas en las cuales se indican los problemas psicológicos y psiquiátricos en los que terminaron después de los constantes abusos por parte de las autoridades ediles.

Anteriormente, varios funcionarios ediles denunciaron abusos de parte de las autoridades al obligarles a realizar controles callejeros fuera de horario, a otros les forzaron a limpiar los mingitorios de la Terminal de Buses después de las labores cotidianas que desarrollan.

“Existe temor a represalias y despidos”, que es la mayor amenaza que ejercen algunas autoridades contra sus subalternos, precisó el abogado laboralista.